Por: Emilcar Noticolombia.net
En las últimas semanas, los grandes medios de Colombia —Semana, El Colombiano, El Tiempo, El Heraldo, El País— han lanzado una ofensiva coordinada contra el presidente Gustavo Petro. A este coro se suman la Federación Colombiana de Municipios y alcaldes de las principales ciudades como Fico, Galán, Char, quienes cuestionan la “Paz Total”, la crisis del sistema de salud, decisiones económicas y hasta el pasado académico del mandatario. El mensaje es contundente: el país está en riesgo y la responsabilidad es exclusiva de Petro y del actual gobierno.
Nadie niega que existan motivos válidos para la crítica. La política de “Paz Total”, pese a su noble intención, ha mostrado grietas profundas: diálogos congelados con el ELN, fragmentación de las disidencias y un impacto humanitario que, en algunas regiones, se ha agravado. La crisis del sistema de salud es real, compleja y duele en el cuerpo de millones de colombianos, incluidos quienes, como servidor, hemos sido víctimas directas de su funcionamiento durante más de una década. La inseguridad y la extorsión siguen golpeando barrios y municipios, como lo denuncia el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, al vincular el aumento de estos delitos con la percepción de impunidad.
La pregunta incómoda: ¿por qué ahora?
Sin embargo, la intensidad y sincronización de estos ataques en vísperas de la primera vuelta presidencial invita a una reflexión necesaria: ¿se trata de un ejercicio legítimo de veeduría ciudadana o de una operación política para recuperar el poder perdido hace cuatro años?
El contexto electoral es ineludible. Las encuestas muestran un panorama reñido, con figuras de izquierda liderando algunas preferencias, mientras el establishment político tradicional, que gobernó Colombia por más de dos siglos, busca recomponer su hegemonía.
En este escenario, la crítica constructiva puede convertirse rápidamente en arma de guerra sucia: no para señalar errores y proponer soluciones, sino para crear caos, alimentar la polarización y deslegitimar cualquier proyecto que no se alinee con los intereses de siempre.
El riesgo de la polarización instrumentalizada
El peligro más grave de esta estrategia no es que se critique al gobierno —eso es saludable en democracia—, sino que se utilice el malestar genuino de la gente para encender una hoguera que puede quemar el tejido social. Cuando medios, gremios y políticos de una misma vertiente ideológica repiten un relato único de “culpa total” al presidente, se simplifica una realidad compleja y se anula el debate de fondo.
Se olvida, por ejemplo, que la crisis de salud no nació en 2022; es un problema estructural de décadas, alimentado por la corrupción, la intermediación y la disputa entre intereses públicos y privados, tanto en gobierno de izquierda como los de derecha que han gobernado antes. Lo mismo aplica para la seguridad: los acuerdos de paz anteriores también enfrentaron desafíos, y la violencia ha tenido múltiples causas que trascienden a un solo gobierno. Reducir todo a la gestión actual no solo es injusto, sino contraproducente: impide aprender de los errores históricos y construir soluciones sostenibles.
La paradoja de los gobernadores y el clientelismo
Un aspecto revelador es el silencio relativo de los gobernadores en este coro de críticas. Esto no es casual. En la arquitectura del poder regional colombiano, los gobernadores suelen ser nodos centrales de redes clientelares: definen apoyos para candidaturas al Congreso, avalan alcaldes y concejales, y desde allí influyen en la designación de directivos en hospitales, EPS, empresas de obras públicas y otras entidades estatales.
Este sistema, que opera al margen de la ideología, ha sido caldo de cultivo para la corrupción tanto en esquemas públicos como privados. La propuesta del presidente Petro de fortalecer lo público como alternativa a la privatización choca, entonces, no solo con resistencias ideológicas, sino con intereses muy concretos que se benefician del statu quo. Criticar la gestión pública sin señalar también los vicios del sector privado —que también ha fallado en salud, por ejemplo— es un análisis incompleto que sirve a agendas particulares.
Paz Total: entre la intención y la realidad
En el caso de la “Paz Total”, es legítimo exigir resultados. Pero también es necesario recordar que negociar con actores armados es un proceso largo, lleno de retrocesos, y que la responsabilidad es compartida: el Gobierno debe ofrecer garantías y rutas claras, pero los grupos ilegales deben demostrar voluntad real de dejación de armas.
El reciente escándalo en la cárcel de Medellín, donde se descubrieron celdas de lujo y se facilitaron encuentros con artistas para presos vinculados a procesos de paz, ilustra cómo la buena fe puede ser explotada por estructuras criminales para fortalecerse. Esto no invalida la búsqueda de paz, pero exige mayor rigor, transparencia y control.
Hacia un periodismo y una política responsables
Como periodista y defensor de derechos humanos, creo que el rol de los medios en democracia es fiscalizar con rigor, no actuar como voceros de facciones políticas. La ciudadanía merece análisis que contextualicen, que expliquen las causas estructurales de los problemas y que propongan caminos, no solo señalamientos.
Del mismo modo, los actores políticos tienen la responsabilidad de priorizar el interés general sobre el cálculo electoral. El país no necesita más caos. Necesita debates serios sobre cómo reformar la salud para que sea universal y de calidad, cómo construir una paz estable con justicia social, y cómo romper los ciclos de corrupción que atraviesan lo público y lo privado. Eso requiere altura, no gritos; propuestas, no demonizaciones.
Conclusión: más allá del timing
Que el presidente Petro haya cometido errores por su ideología o por improvisación es un hecho. Pero atribuirle la culpa de todos los males de Colombia es una operación política tan peligrosa como simplista. La democracia se fortalece cuando se discute con argumentos, no cuando se utiliza el descontento popular como ariete electoral.
A pocos días de la primera vuelta, la pregunta clave para los colombianos no es solo “¿por quién voto?”, sino “¿qué país queremos construir?”. Si permitimos que el miedo y la polarización definan la agenda, habremos perdido la oportunidad de avanzar. Si, por el contrario, exigimos a medios y políticos que actúen con responsabilidad, podremos transitar hacia una democracia más madura, donde la crítica sirva para construir, no para destruir.
El riesgo no es que se cuestione al gobierno. El riesgo es que, en el afán de recuperar el poder, se incendie la casa común. Eso no es política: es irresponsabilidad histórica. Y Colombia merece mejor.
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