El discurso oficial Supersalud, se sostiene en cifras frías que no reflejan la tragedia humana. Hablan de porcentajes, de metas cumplidas, de gestión eficiente. Pero detrás de cada queja hay un nombre, un rostro, una familia. Decir que una queja se “resolvió” varios meses después de insistir sobre los hechos, no es gestión: es cinismo. varios murieron o tuvieron un grave retroceso en su salud, esperando por meses una solución
La crisis de la salud en Colombia no se resuelve con comunicados de prensa ni con estadísticas maquilladas. Se resuelve con justicia, sanciones ejemplares y un Estado que defienda a los ciudadanos en lugar de proteger a los negocios privados.
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El origen del problema: la Ley 100 y el negocio de la salud
Esta crisis no empezó ayer ni con los gobiernos recientes. Su raíz está en la Ley 100 de 1993, que prometió cobertura universal y un sistema eficiente, pero en la práctica abrió la puerta a un modelo mercantil neoliberal, donde la salud se convirtió en un negocio. Desde entonces lo que prima no es la vida ni la dignidad humana, sino las utilidades de unas pocas empresas privadas.
El sistema no está diseñado para curar ni prevenir, sino para negar, dilatar y ahorrar a costa del dolor humano. Hoy millones de colombianos lo padecen: enfermos sin atención oportuna, personas que mueren esperando una cita, pacientes que pierden calidad de vida porque un medicamento vital tarda meses en llegar. Una tragedia silenciosa en cada hogar.
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Las EPS: entre la negligencia y la trampa
La Ley 100 se presentó como garantía del derecho a la salud, pero en la práctica subordinó ese derecho a la lógica empresarial de las EPS. En el papel todo parecía ideal: libre elección, acceso universal, control estatal. En la realidad, las EPS deciden a quién atender, a quién negar y a quién dilatar. El acceso se convierte en una carrera de obstáculos que muchos no logran superar.
No solo han fallado las EPS liquidadas por corrupción. Incluso las que se consideraban “serias” —Salud Total, Asmet Salud, Nueva EPS y Sanitas— han perfeccionado el arte de negar autorizaciones, dilatar procedimientos y esconderse tras plataformas digitales que funcionan más como murallas que como puentes.
Sanitas, por ejemplo, convirtió su aplicación en un laberinto: citas que nunca aparecen, órdenes médicas que se pierden, usuarios atrapados en una burocracia digital mediocre. Lo digo con conocimiento personal como usuario, víctima, defensor solidario del derecho a la salud, periodista y analista de sistemas en informática.
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Traslados ilegales: la estafa silenciosa
Muchos colombianos han sido trasladados de una EPS a otra sin haberlo solicitado. Traslados ilegales que deberían estar respaldados por documentos firmados y verificables. Pero esos documentos nunca aparecen. Es una estafa a plena luz del día.
En mi caso, denuncié ante la Fiscalía estos traslados fraudulentos desde marzo. Seis meses después, el proceso sigue estancado. La Fiscalía no exigió siquiera la prueba mínima de la supuesta solicitud de traslado a Coosalud. La Procuraduría guarda silencio. Y los jueces de tutela, que deberían proteger los derechos fundamentales, archivan procesos y se abstienen de reconocer a los pacientes como víctimas.
Supersalud: un buzón de correos disfrazado de control
La Superintendencia Nacional de Salud debería vigilar, sancionar y garantizar que se cumpla la ley. Pero en la práctica es solo un buzón de quejas. Hace poco se vanagloriaron de haber resuelto el 83% de los reclamos entre enero y junio. Lo presentaron como un gran logro, pero en salud seis meses de espera son una condena. ¿Cuántas personas murieron esperando esa respuesta?
Ese 83% no es un logro, es una confesión de fracaso. Lo que deberían publicar no es cuántas quejas procesaron, sino cuántas sanciones aplicaron a las EPS que violaron la ley. Pero ese dato lo esconden porque las sanciones prácticamente no existen.
La Supersalud, ya sea por conveniencia o por acuerdos oscuros entre abogados de la entidad y de las EPS, se niega sistemáticamente a aplicar las sanciones que establece la Ley 1438 de 2011. En lugar de controlar, se limita a conciliar y reenviar correos, dilatando por meses lo que debería resolverse de inmediato. Así se deteriora la salud de millones y se confirma aquel viejo adagio: entre bomberos no se pisan la manguera.
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La impunidad institucional y el abandono de los derechos humanos
Ante este panorama, ¿de qué sirve hablar de una reforma a la salud si termina convertida en letra muerta? La Supersalud presume de cifras, pero en mi caso esos seis meses significaron ser víctima de suplantación y de un traslado ilegal, interponer una tutela, elevar quejas ante Supersalud y Procuraduría, y aun así no pasó absolutamente nada. Impunidad total.
Es evidente y demostrable, como en mi caso y en el de miles de colombianos, que se han vulnerado gravemente derechos humanos y convenios internacionales. Sin embargo, ninguna de las instituciones mencionadas ha actuado para garantizar el respeto de esos derechos fundamentales.
¿Y la Defensoría del Pueblo? Nada. Apenas un testigo pasivo, incapaz de actuar más allá de observar cómo se pisotean los derechos que debería defender. Me argumentaba un defensor departamental que solo podían aplicar presión política, Triste respuesta es mayor la presión de los políticos involucrados con la salud.
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En más de 11 años de lucha por mi derecho a la salud como adulto mayor y discapacitado, he visto que siempre son los mismos dos o tres abogados de Supersalud los que manejan las quejas. Siempre los mismos, siempre las mismas prácticas, siempre el mismo resultado: impunidad.
Derecho a salud
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