En medio de la crisis del sistema de salud colombiano, han circulado denuncias que afirman que funcionarios del gobierno de Gustavo Petro estarían implicados en el desvío de recursos hacia paraísos fiscales.
Las acusaciones, repetidas en redes sociales, han encendido la indignación ciudadana y aumentado la polarización política.
Sin embargo, al revisar fuentes oficiales y medios de credibilidad, el panorama es distinto al que pintan los rumores.
La frase que se volvió viral
En redes sociales circula la afirmación: “Están en investigación los dineros que se han perdido en complicidad con miembros de este gobierno y que presuntamente han terminado hasta en paraísos fiscales”.
El mensaje suena contundente y genera alarma. Pero ¿existen pruebas reales que respalden esa acusación?
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FOMAG: cifras bajo la lupa
La Contraloría General de la República reveló en julio de 2025 irregularidades acumuladas por más de 548.000 millones de pesos en el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio (FOMAG) entre 2023 y 2025.
Los hallazgos incluyen contratos sin respaldo legal, pagos a personas fallecidas, deficiencias en la auditoría y sanciones moratorias.
La Fiscalía abrió una noticia criminal y la Procuraduría indaga posibles responsabilidades administrativas.
Los afectados han sido los maestros, quienes han visto golpeada su atención en salud.
Hasta hoy, no existe evidencia judicial que vincule a ministros, viceministros o al presidente con el desfalco del FOMAG.
Las irregularidades provienen en gran parte de contratos heredados de gobiernos anteriores, aunque también persisten problemas bajo el nuevo modelo impulsado por la actual administración.
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¿Dinero en paraísos fiscales?
El presidente Gustavo Petro fue quien denunció públicamente que recursos del sistema de salud habrían terminado en paraísos fiscales a través de EPS intermediarias.
Durante un acto público, señaló directamente a la EPS Coosalud como presunta responsable de giros sospechosos al extranjero.
Coosalud negó tajantemente la acusación y aseguró que sus cuentas maestras, bajo control bancario, no muestran transferencias irregulares.
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La EPS presentó una querella por injurias y calumnias contra Petro. Su expresidente, Jaime González Montaño, amplió la denuncia al señalar que el mandatario busca construir una narrativa de corrupción para justificar la reforma sanitaria.
La administración actual de Coosalud, bajo intervención estatal, se desligó de esa acción judicial, indicando que correspondía a una decisión personal de González y no institucional.
La acusación presidencial sigue en etapa preliminar y no existe hasta ahora fallo judicial que confirme la existencia de giros a paraísos fiscales.
Lo que no está probado
Hasta la fecha, ningún alto funcionario del gobierno Petro ha sido judicializado por corrupción en el sector salud.
No existen imputaciones contra ministros, asesores o directivos de entidades estatales.
La exministra Carolina Corcho, criticada por su manejo de la crisis de las EPS, no enfrenta cargos judiciales.
Aldo Cadena, vicepresidente del FOMAG designado en esta administración, reconoció pérdidas millonarias, pero atribuyó el problema a contratos previos. No ha sido imputado penalmente.
Los rumores que circulan en redes, por tanto, no distinguen entre hallazgos fiscales en entidades del sistema y responsabilidades penales de funcionarios del gobierno.
Esa confusión alimenta verdades a medias que terminan convertidas en mentiras completas.
Una crisis sistémica más allá del FOMAG
El sistema de salud atraviesa una crisis estructural.
Según la Contraloría, la deuda de las EPS alcanza 32,9 billones de pesos, mientras que Petro estima que la cifra real supera los 100 billones.
De las 29 EPS que operan en el país, solo dos cumplen los parámetros legales establecidos.
Petro ha defendido las intervenciones estatales sobre varias EPS como medidas necesarias para frenar lo que describe como un “robo sistemático” al sistema.
👉 Ministerio de Salud y Protección Social – Información oficial sobre EPS y reformas
El papel de los medios y la disputa política
El diario El País de España reseñó que las denuncias sobre giros al exterior forman parte de una controversia pública, pero no comprometen directamente al gobierno nacional.
La FM reportó que las acusaciones contra Coosalud provienen de declaraciones presidenciales y no de fallos judiciales.
Petro acusó a medios como W Radio de “plagiar” su propia investigación y usarla en su contra, lo que añade tensión política y mediática al debate.
Acemi, gremio que agrupa a las EPS, calificó el discurso del presidente como “delirante”, profundizando la confrontación entre gobierno y sector privado.
Verdades a medias que desinforman
El escenario actual es complejo:
Sí existen irregularidades graves en el FOMAG.
Sí hay investigaciones abiertas sobre presuntos desvíos de recursos.
Pero no hay pruebas de complicidad directa del presidente ni de su gabinete.
Convertir sospechas en sentencias mediáticas es un error que debilita la confianza en las instituciones y genera desinformación en la opinión pública.
Una cadena peligrosa
Cuando un ciudadano comparte información sin verificarla, se convierte en parte de una cadena de desinformación.
Muchas veces, esto ocurre de forma inocente, con la intención de alertar.
Pero el resultado es devastador: se extiende el caos, se erosiona la democracia y se beneficia a quienes realmente delinquen, que se esconden tras la confusión.
Por eso, es fundamental que cada persona se pregunte antes de compartir: ¿esta información proviene de una fuente oficial?, ¿hay un fallo judicial?, ¿qué dicen los organismos de control?
Reflexión final: verdad, democracia y responsabilidad ciudadana
La democracia colombiana enfrenta uno de sus mayores desafíos: la pérdida de confianza en las instituciones y en la información que circula.
El presidente Gustavo Petro no ha sido señalado judicialmente por corrupción en salud. Por el contrario, fue él quien denunció públicamente que recursos habrían terminado en paraísos fiscales.
Confundir al denunciante con el responsable no solo es injusto, sino dañino para la claridad del debate público.
La verdadera urgencia es otra: exigir investigaciones profundas, rápidas y transparentes por parte de la Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría.
Solo con pruebas, sentencias y hechos claros será posible identificar a los responsables y garantizar justicia para las víctimas.
Los colombianos deben aprender a desconfiar de las verdades a medias.
Cada vez que se replica un rumor sin contrastarlo, se corre el riesgo de darle aire a la mentira.
Y en esa confusión, los únicos que ganan son los corruptos, que se esconden tras la sombra de la desinformación.
La democracia no se defiende con rumores, se defiende con verdad, con periodismo serio y con ciudadanos responsables.
Ese es el reto en medio de una crisis que afecta no solo la salud, sino también la confianza en el futuro del país.
Fuentes consultadas:
La FM: cobertura de las acusaciones a Coosalud.
Contraloría General de la República: hallazgos fiscales sobre el FOMAG.
Fiscalía General de la Nación: apertura de noticia criminal.
El País: denuncias sobre EPS y declaraciones del presidente Petro.
Investigación
Jorge Hernandez
noticolombia.net
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