La imagen del Putumayo conde dos militares envueltos en llamas tras ser rociados con gasolina por una turba descontrolada no es solo una noticia. Es una herida abierta en la frágil condición del Estado. El subteniente Miguel Ángel Mejía y el soldado profesional Sebastián Díaz fueron víctimas de un ataque inhumano durante un operativo para destruir un laboratorio de pasta base de coca. Ambos permanecen graves, atendidos en centros médicos, mientras el país observa estupefacto y con rabia.
No podemos naturalizar la barbarie. No puede seguir siendo “razón” la pasividad frente a retenes y agresiones organizadas por grupos criminales. Que nadie utilice el miedo como excusa para no defenderse: cuando la vida de nuestros soldados y la de cualquier ciudadano está en juego, el Estado tiene la obligación de repeler la agresión.
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Al mismo tiempo, defendemos con firmeza que la respuesta no sea un instrumento de venganza indiscriminada. No es eso lo que pedimos. En las tierras donde el conflicto se anida, hay familias campesinas que son víctimas, no verdugos. La política pública debe diferenciar con precisión entre el criminal armado y la comunidad explotada por el crimen. Proteger al inocente y perseguir al culpable: ese es el mandato.
No más excusas: el pretexto de “no intervenir” caducó
Que nadie se escude en la tibieza. Los agresores que prenden fuego a uniformados o que secuestran a civiles no son comunidades defendiendo derechos. Son estructuras criminales que imponen terror. La historia reciente demuestra que estos grupos operan con tácticas de intimidación: retenes forzados, amenazas y movilización de poblaciones instrumentadas por el narcotráfico. Eso no es protesta social; es terrorismo local.
La respuesta del Estado no puede limitarse a declaraciones. Debe haber operativos claros, inteligencia coordinada y medios de disuasión no letal. Donde la agresión exceda la defensa necesaria, cuando el riesgo sea inminente para la vida, la fuerza letal y legítima debe ser una alternativa, siempre dentro del marco del Derecho Internacional Humanitario y la ley interna.
Métodos proporcionados: disuasión y fuerza calibrada
Se requiere un paquete de acciones concretas: despliegue conjunto Ejército-Policía, presencia de equipos de policía judicial, uso controlado de elementos disuasivos (gases lacrimógenos, granadas aturdidoras) y protocolos de extracción segura. Esa mezcla permitirá repeler ataques sin convertir a la población civil en daño colateral.
Pero cuando el agresor incendia, secuestra o intenta asesinar, la defensa letal es una opción legítima. No por sed de venganza, sino por la necesidad de preservar vidas y restablecer el orden. No podemos permitir que el riesgo a responder sea la excusa para no defender las vidas que el Estado tiene la obligación de proteger.
Esto no es exclusivo de Putumayo: patrones que se repiten
Los hechos en Putumayo resuenan con otras tragedias del país. En Guaviare y Catatumbo, retenes, emboscadas y ataques con explosivos han dejado muertos y secuestrados. En el Cauca, los convoyes militares han sido blanco de arremetidas con artefactos. En todas esas zonas, disidencias, bandas y estructuras criminales copan espacios donde el Estado se retira o llega tarde.
La lógica es la misma: imponer control, criminalizar la protesta y usar a comunidades como escudos humanos. La respuesta debe ser nacional, coordinada y sostenida.
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Llamado directo: Presidente y Ministro, actúen con decisión y humanidad
Señor Presidente de la República, Jefe Máximo de las Fuerzas Militares: su obligación es proteger a la nación. No puede haber ambigüedad ante el intento de homicidio por parte de grupos que buscan imponer la ley del terror. Actúe con fuerza legítima y proporcional, pero también con inteligencia para proteger a los civiles.
Señor Ministro de Defensa: coordine operaciones interinstitucionales que integren inteligencia estratégica, Policía y Fiscalía. Active protocolos de disuasión no letal y refuerce la protección de las comunidades campesinas. Establezca recompensas por información y garantice la rapidez investigativa. La impunidad alimenta el ciclo de violencia; su quebranto debe ser la prioridad.
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A quienes piden “mano dura”: vengan y vivan el riesgo
A los que exigen bombardeos y respuestas indiscriminadas: si verdaderamente quieren vivir la dureza del conflicto, vayan a esas regiones con sus familias. Que pongan sus cuerpos en la misma línea de fuego que hoy pagan campesinos y soldados. Hasta entonces, las consignas desde la comodidad política suenan vacías.
Del dolor a la responsabilidad: el país exige justicia
La rabia que sentimos no debe disolverse en retórica. Debe convertirse en acción decidida y con escrúpulos. Justa, proporcional y con humanidad. El crimen que prende fuego a una vida humana no merece paliativos ni excusas. Exige investigación, castigo y restauración.
Ver: Situación de derechos humanos en Colombia
No es momento de polarizar. Es momento de fortalecer el Estado de derecho. Es hora de que la protección de la vida sea la brújula, y que esa protección alcance por igual a soldados y campesinos. Defendamos la vida con la firmeza que la ocasión demanda y con la sensibilidad que la justicia exige.
Jorge E. Mancilla
Para Noticolombia.net
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