Ejercito Nacional y tropas élite de la Fuerza de Tarea Conjunta Omega golpearon de forma certera a las disidencias FARC, desmantelando un enorme depósito ilegal de armas en el Meta.
La operación se llevó a cabo en la vereda Potras del Quebradón, zona rural del municipio de La Macarena. Allí, soldados encontraron un arsenal perteneciente a la estructura Jorge Suárez Briceño, facción armada del autodenominado Estado Mayor Central, principal red de las disidencias que operan tras el proceso de paz.
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Ejercito Nacional neutraliza a las disidencias FARC en La Macarena
Así reafirma presencia estatal en una región históricamente abandonada. En el lugar fueron incautados 21 fusiles de alto calibre, 19 granadas de fragmentación, 4 lanzagranadas, 4 cañones de ametralladora, 20 kilos de metralla y gran cantidad de munición.
Además, durante la intervención, fue capturado un presunto integrante de la estructura Arturo Ruiz. Según inteligencia, este hombre cumpliría funciones logísticas y estaría encargado de almacenar material de guerra.
Pero la operación no terminó ahí. Pocas horas después del decomiso, tropas fueron hostigadas por miembros armados de la misma estructura. Se desató un combate abierto en plena selva.
Los soldados repelieron el ataque con profesionalismo y contundencia, sin presentar afectaciones. La ofensiva ratifica la capacidad operativa del Ejército para resistir y contrarrestar el avance de estos grupos.
En el mismo sitio del hallazgo, equipos especializados destruyeron artefactos explosivos improvisados y minas que representaban una amenaza directa para campesinos y fuerza pública.
El material incautado fue trasladado a la ciudad de Florencia, Caquetá, donde quedó en manos de las autoridades judiciales competentes para iniciar el proceso de judicialización.
La Fuerza de Tarea Conjunta Omega, adscrita al Ejercito Nacional, ha intensificado sus acciones en la región para frenar el avance de las estructuras armadas que buscan controlar corredores estratégicos.
La estructura Jorge Suárez Briceño hace parte del Estado Mayor Central, disidencia liderada por alias Iván Mordisco. Este grupo ha sido señalado por múltiples violaciones al cese al fuego.
Según fuentes militares, las disidencias FARC utilizan estas zonas boscosas del sur del Meta para esconder armamento, fabricar explosivos y preparar ataques contra la fuerza pública y la población civil.
El reciente hallazgo confirma que estas estructuras continúan fortaleciendo su capacidad ofensiva mientras negocian, simultáneamente, con el Gobierno nacional en escenarios paralelos de diálogo.
Frente a esta doble estrategia, el Ejército Nacional ha adoptado una postura de acción contundente para desarticular sus frentes armados sin descuidar los derechos humanos.
En el terreno, las comunidades rurales continúan atrapadas en medio del miedo, las minas antipersonal, los panfletos intimidatorios y los silencios obligados.
Los campesinos denuncian que la presencia de estos grupos ha vuelto a ser cotidiana. Que los caminos se vuelven más peligrosos. Que la escuela y la salud siguen esperando.
Por eso, este tipo de operaciones no solo representan una victoria militar: son un mensaje claro de presencia institucional en territorios históricamente olvidados.
Donde hay combate, debe haber inversión. Donde cae una caleta, debe surgir una escuela. Donde capturan a un hombre armado, debe llegar una brigada de salud.
El conflicto armado en Colombia no se sostiene solo con armas, sino con las múltiples ausencias que los violentos saben aprovechar.
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La selva del Meta, escenario de tantas promesas incumplidas, vuelve a ser protagonista de una lucha desigual entre quienes intentan someterla a la violencia y quienes buscan liberarla.
El Ejército ha sido claro: no permitirá que las disidencias sigan expandiendo su dominio territorial ni utilizando a los campesinos como escudos humanos.
Esta acción se suma a una serie de golpes recientes que buscan recuperar el control del Estado sobre zonas estratégicas del suroriente colombiano.
Desde Bogotá, las decisiones deben respaldar con hechos el esfuerzo que hacen soldados y comunidades para resistir en medio de la guerra no declarada.
¿Hasta cuándo las balas seguirán llegando más rápido que los derechos? ¿Cuándo entenderá el Estado que la seguridad también se construye con justicia social?
Por
Jaime E. G.
Noticolombia.net
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