Fraude en EPS y derecho a la salud, dos conceptos que hoy se chocan brutalmente. Un adulto mayor discapacitado y de 66 años de edad, fue trasladado sin consentimiento de Nueva EPS a Coosalud. Nunca firmó formulario, jamás autorizó dicho cambio, pero recibió un mensaje de texto anunciando el traslado para el 1 de abril de 2025.
Al comunicarse con Nueva EPS, nadie le dio razón. Ningún documento firmado apareció. Ningún funcionario explicó. Fue víctima de suplantación criminal en el sistema de salud colombiano. Este acto no solo vulnera el derecho fundamental a la salud, también configura varios delitos: falsedad en documento privado, suplantación de identidad y fraude procesal.
Fraude en Nueva EPS y Coosalud no es nuevo, es sistemático
Esta práctica no es aislada ni reciente. En marzo de 2019, W Radio documentó cómo funcionaba el traslado masivo de usuarios sin autorización entre EPS. Formularios falsificados, datos alterados y negligencia institucional permitieron que casos como este se multiplicaran sin sanción.
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Cinco años después, en abril de 2024, el periódico El Tiempo reveló otro escándalo. Esta vez en Córdoba, donde decenas de usuarios fueron cambiados de EPS ilegalmente. Nuevamente, Coosalud en escena. La historia se repite y las víctimas siguen siendo personas vulnerables.
Derecho a la salud, una promesa rota por las EPS
Estas suplantaciones criminales interrumpen tratamientos médicos, alteran diagnósticos y bloquean medicamentos. Lo que parece un trámite burocrático, se convierte en riesgo de vida. El usuario afectado debe volver a empezar: pedir citas, reenviar historias clínicas, tramitar autorizaciones, todo mientras su cuerpo y mente sufren abandono institucional.
La falta de vigilancia real por parte de Supersalud y demás entes de control permite que estas mafias operen. No es solo negligencia, es complicidad estructural. Quienes deben proteger terminan cediendo ante la corrupción o cerrando los ojos. Porque la salud, en este modelo, dejó de ser derecho para volverse negocio.
Muchas EPS han olvidado que su existencia obedece a un mandato legal y constitucional: garantizar el acceso digno y equitativo a la salud. Al incurrir en estas prácticas, no solo cometen delitos, sino que traicionan la confianza ciudadana, degradando aún más un sistema ya debilitado.
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Acciones legales en curso y seguimiento institucional
El caso ya fue denunciado ante la Fiscalía General de la Nación, donde se encuentra en trámite. La Defensoría del Pueblo asumió acompañamiento al usuario afectado. Además, por tratarse de una práctica reiterada en estas dos EPS, será presentado como ejemplo ante la Comisión Séptima Constitucional Permanente del Congreso y la CIDH.
Este caso no es individual, es estructural. Refleja la forma en que los usuarios más indefensos son tratados como fichas por un sistema que prioriza contratos. Y lo más grave: con conocimiento tácito o explícito de las instituciones que deberían garantizar vigilancia y sanción, pero que hoy brillan por su silencio.
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Denunciar a las EPS corruptas, también es cuidar la vida
Cada vez que alguien es trasladado sin saberlo, se vulneran sus derechos fundamentales. Cada caso que se deja pasar, refuerza la impunidad y destruye confianza. Hoy es un adulto mayor. Mañana puede ser un niño, una gestante o un paciente con cáncer. ¿Cuántos más deben ser víctimas antes de que actúen?
Desde la organización Derecho a la Salud invitamos a denunciar. Si tú o un familiar fueron trasladados sin autorización, déjanos mensaje interno en nuestra página de Facebook. Te orientamos sin costo, con pasos claros y acción legal efectiva. La dignidad no se ruega: se exige. Y la salud no se negocia: se defiende.
¿Hasta cuándo permitiremos que la suplantación criminal y el fraude en EPS sigan dejando víctimas sin rostro en Colombia?
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