La Fiscalía General de la Nación confirmó que Eduardo Martínez Barón, alias “Eduardito”, y el teniente de navío retirado Julián David Mosquera Dussán fueron solicitados en extradición por una corte federal de Estados Unidos, específicamente por el Distrito Sur de Florida.
Ambos están acusados de formar parte de una organización criminal dedicada al narcotráfico internacional, con enfoque en el envío de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína desde Colombia hacia territorio estadounidense por vía marítima.
Este caso ha generado una fuerte repercusión en el ámbito judicial y de seguridad nacional, no solo por la magnitud del delito, sino también por la presunta participación de un exmilitar de la Armada Nacional, lo que reabre el debate sobre infiltraciones en instituciones estratégicas y los desafíos para combatir redes criminales altamente especializadas.
Leer: Leticia tres décadas de olvido
Solicitado teniente por tráfico de cocaína marítimo
Según investigaciones de la Fiscalía, Martínez Barón y Mosquera Dussán lideraban una estructura criminal organizada que operaba entre los departamentos de Antioquia, Córdoba y Sucre, con centro logístico en Coveñas, un puerto pesquero del Caribe colombiano. Desde allí, la organización empaquetaba y embarcaba cocaína en embarcaciones de pesca artesanal, aprovechando los múltiples canales naturales y la escasa vigilancia en zonas remotas.
Las autoridades indican que el grupo utilizaba lanchas rápidas y falsos compartimientos en embarcaciones para ocultar la droga, que luego era transportada por rutas marítimas hacia el Caribe y el sureste de Estados Unidos. Se estima que entre 2020 y 2023, la red movió más de cuatro toneladas de cocaína, generando ganancias millonarias que fueron lavadas a través de empresas de fachada en Cartagena y Sincelejo.
“Se trata de una operación sofisticada que aprovechó conocimientos técnicos, logísticos y posiblemente información privilegiada sobre rutas de patrullaje naval”, señaló un fiscal especializado en delitos transnacionales.
Detalles sobre los implicados
Julián David Mosquera Dussán, exoficial de la Armada Nacional, es una figura central en este caso. Su retiro en 2018 generó sospechas, y ahora se investiga si usó su experiencia militar para facilitar el tráfico de drogas. Según fuentes judiciales, Mosquera habría conocido los horarios de patrullaje, zonas ciegas de radar y protocolos portuarios, lo que le permitió orientar al grupo sobre cómo evadir controles.
Este caso no es aislado. En años recientes, han surgido denuncias sobre militares retirados vinculados a estructuras como el Clan del Golfo o disidencias de las FARC. En 2021, siete miembros de la Armada fueron capturados por colaborar con actividades ilícitas. El caso de Mosquera refuerza la necesidad de fortalecer los controles de inteligencia interna y la vigilancia post-retiro en las Fuerzas Militares.
Por su parte, Eduardo Martínez Barón, alias “Eduardito”, fue capturado en febrero de 2023 en Coveñas durante una operación conjunta entre la Policía Nacional y la Fiscalía. Aunque presentaba una fachada de empresario del sector pesquero, las investigaciones revelaron que era el cerebro logístico y financiero de la red. Manejaba varias empresas de fachada para lavar dinero y coordinar embarques, utilizando cuentas bancarias y transferencias encubiertas.
Su captura fue posible gracias a interceptaciones telefónicas, seguimiento satelital, análisis de datos y colaboración de informantes. Las autoridades destacan que su detención fue clave para desmantelar la estructura operativa del grupo.
Leer: Sanitas y Supersalud paseo de la muerte adulto mayor
Proceso de extradición: ¿Qué sigue?
Tras su judicialización en Colombia por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes, las autoridades recibieron la solicitud formal de extradición por parte del gobierno de Estados Unidos. Esta petición se basa en el tratado bilateral de extradición vigente desde 1979, actualizado en múltiples ocasiones para fortalecer la cooperación antinarcóticos.
Actualmente, el caso está en manos de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, que debe decidir si aprueba la extradición. Este trámite puede demorar entre seis meses y un año, dependiendo de los recursos legales presentados por las defensas. Si la Corte da luz verde, el presidente Gustavo Petro tendrá la última palabra.
Aunque la actual administración ha mostrado cierta reticencia a la extradición en el marco de la política de “paz total”, fuentes del Ministerio de Justicia indican que este caso es distinto: “Aquí hay pruebas sólidas de vínculos directos con el mercado estadounidense, y la extradición responde a compromisos internacionales y de seguridad bilateral”.
Cooperación binacional contra el narcotráfico
Este caso es un ejemplo claro de la estrecha colaboración entre Colombia y Estados Unidos en materia de seguridad. Agencias como la DEA (Drug Enforcement Administration) y el Comando Sur de EE.UU. han brindado apoyo técnico, inteligencia y recursos para desarticular redes de tráfico marítimo, especialmente en el Caribe.
Según cifras del Departamento de Estado de EE.UU., en 2022 Colombia extraditó a 137 personas, la mayoría por delitos relacionados con drogas. El Distrito Sur de Florida es uno de los destinos más comunes, debido a su cercanía geográfica y experiencia en juicios de narcotráfico internacional.
“Estados Unidos ve en Colombia un aliado clave. Cuando se trata de redes que afectan directamente su seguridad, la extradición es una herramienta efectiva”, señaló un analista del Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESD).
El Caribe colombiano: corredor del narcotráfico
El litoral caribeño se ha convertido en una vía estratégica para el tráfico de cocaína. Con más de 1.800 kilómetros de costa, manglares densos y puertos de difícil vigilancia, zonas como Coveñas, Turbo, Necoclí y Bahía Málaga son utilizadas por cárteles para embarcar cargamentos hacia Centroamérica y EE.UU.
Según el informe más reciente de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), cerca del 30% de la cocaína incautada en el mundo en 2022 fue interceptada en rutas marítimas, y buena parte de ella salía desde Colombia.
La Armada Nacional ha intensificado sus operaciones: en 2023, incautó más de 125 toneladas de cocaína en el mar, un récord histórico. Sin embargo, las organizaciones criminales se adaptan rápidamente: usan submarinos semisumergibles, lanchas rápidas y drones para coordinar movimientos.
Repercusiones y desafíos futuros
Aunque Martínez y Mosquera son señalados como líderes operativos, las autoridades creen que podrían existir otros actores aún no identificados que financiaron o protegieron la red. Se investigan posibles vínculos con funcionarios portuarios, empresarios y miembros activos de las Fuerzas Militares.
Organizaciones de derechos humanos como Dejusticia han pedido transparencia: “La extradición no debe ser una vía para evitar que estos casos se investiguen a fondo en Colombia. Necesitamos saber quiénes más estaban involucrados”.
Conclusión: un paso clave en la lucha contra el narcotráfico
La solicitud de extradición contra Eduardo Martínez Barón y Julián Mosquera Dussán es un mensaje contundente: ni los exmilitares ni los empresarios de fachada están por encima de la ley. Aunque la extradición no resolverá por sí sola el problema del narcotráfico, representa un avance en la cooperación internacional, el fortalecimiento del Estado de derecho y la lucha contra estructuras que financian la violencia en Colombia.
En un contexto de “paz total”, casos como este recuerdan que la seguridad también depende de la justicia, la inteligencia y la voluntad política para enfrentar sin concesiones al crimen organizado.
Carlos Salgado
Noticolombia.net
Acerca del autor
