La parapolítica en el caribe Colombiano vuelve a estremecer al país tras las revelaciones del exsenador Álvaro Ashton Giraldo ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
Sus confesiones describen cómo la élite política del Caribe cooptó el Estado y fortaleció al paramilitarismo a cambio de votos, contratos y poder.
Su testimonio ante la JEP no fue una simple confesión, sino un documento de traición nacional. Reveló con crudeza cómo la clase política pactó conscientemente con el paramilitarismo, no por miedo, sino por conveniencia. Las alianzas entre congresistas, empresarios y jefes armados no fueron improvisadas; respondieron a una estrategia cuidadosamente diseñada para garantizar poder territorial, votos y contratos públicos.
En ese relato, la “parapolítica” deja de ser un capítulo oscuro del pasado para convertirse en el proyecto fundacional de una nueva élite armada. Ashton describió un país refundado bajo el control de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), donde las instituciones fueron reducidas a instrumentos del terror. Cada nombramiento, cada contrato y cada voto, sirvieron a la construcción de un Estado paralelo, gobernado por el miedo y la corrupción.
La conspiración política y la cooptación del Estado
Ashton, investigado por concierto para delinquir agravado y cohecho, detalló con precisión los pactos suscritos con el Frente José Pablo Díaz del Bloque Norte de las AUC. Explicó que estos acuerdos no surgieron de la presión armada, sino del cálculo político de una clase dirigente dispuesta a asegurar su permanencia en el poder a cualquier costo.
Bajo el mando de alias Don Antonio (Édgar Ignacio Flórez Fierro) y Carlos Mario García Ávila, comandante político del bloque, las alianzas consolidaron una estructura criminal que mezcló política, burocracia y guerra. Los votos se compraban con miedo, los contratos se entregaban como pago por favores, y la impunidad era la moneda más valiosa en el Congreso.
El exsenador reveló que la financiación paramilitar se camuflaba hábilmente en partidas del presupuesto nacional, orientadas a proyectos de infraestructura y salud en municipios del Atlántico y Magdalena. Detrás de cada obra pública había un porcentaje destinado a los frentes armados. Esos recursos, canalizados mediante convenios y alcaldías locales, terminaron nutriendo el aparato económico y logístico de los paramilitares, consolidando su dominio territorial bajo apariencia de legalidad.
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El caso del Hospital de Soledad y la corrupción institucional
La infiltración paramilitar alcanzó niveles obscenos, penetrando las instituciones más sensibles del Estado. Entre 2004 y 2006, el Hospital Materno Infantil de Soledad, símbolo de atención a las familias vulnerables del Atlántico, se convirtió en uno de los epicentros del control ejercido por el Frente José Pablo Díaz. La guerra ya no se libraba solo en las veredas: también se administraba desde los despachos públicos y los contratos de la salud.
Ashton admitió ante la JEP que su sobrino, Fabián Arturo Ashton, fue vinculado a la entidad como parte de esos acuerdos políticos con las AUC. La designación no fue un simple favor familiar, sino una pieza clave en la red de poder que buscaba mantener el flujo de recursos estatales hacia las estructuras paramilitares. Desde esa posición, se aseguraba el cumplimiento de convenios, el direccionamiento de contratos y la protección de los intereses del bloque armado.
El hospital, que debía servir al pueblo, fue transformado en herramienta política y financiera. Su presupuesto, en apariencia destinado a madres gestantes y niños, terminó siendo un canal de financiación encubierta del paramilitarismo. Bajo el manto de la legalidad institucional, las AUC fortalecieron su dominio territorial y legitimaron su influencia ante comunidades que, sin saberlo, eran obligadas a financiar su propia opresión.
El Congreso al servicio del paramilitarismo
Durante la discusión de la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 de 2005), Ashton lanzó una acusación que estremeció los cimientos del poder político. Señaló al hoy ministro del Interior, Armando Benedetti Villaneda, como uno de los promotores de artículos diseñados para favorecer penalmente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). No se trataba, dijo, de simples debates jurídicos: era una maniobra calculada para blindar a los responsables de miles de crímenes con el ropaje de la legalidad.
Entre los artículos más polémicos figuraban los relacionados con sedición y alternatividad penal, figuras que permitían reinterpretar la acción armada de las AUC como una forma de “rebelión política”, y no como una empresa criminal. Esta distorsión jurídica habría permitido a muchos de sus jefes obtener beneficios de reducción de penas y reinsertarse en la vida pública con un manto de legitimidad.
El exsenador relató que decenas de congresistas actuaban como intermediarios entre los jefes paramilitares y el Congreso, negociando cada palabra del proyecto de ley a cambio de respaldo político o financiación electoral. Lo que se presentó al país como un avance hacia la paz, fue en realidad —según Ashton— una operación de impunidad cuidadosamente orquestada desde los más altos niveles del poder legislativo.
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Paramilitarismo en el Caribe colombiano: la red de poder y complicidad
Ashton entregó una lista explosiva que compromete a figuras políticas y empresariales del Caribe con las estructuras paramilitares. En su testimonio ante la JEP, el exsenador relató cómo la red de complicidades se extendía desde los directorios partidistas hasta las juntas directivas empresariales. No se trataba de apoyos aislados, sino de una alianza estructurada para garantizar control político, territorial y económico en la región.
Entre los mencionados figuran Efraín Cepeda Sarabia, David Char Navas, la familia Gerlein, David Name Terán y otros empresarios señalados de haber canalizado recursos hacia el Bloque Norte de las AUC. Ashton sostuvo que las contribuciones no siempre fueron en dinero; también se ofrecían contratos, obras públicas o silencios estratégicos frente a la violencia.
El exsenador agregó un elemento inesperado: la participación de miembros de la masonería en Barranquilla, quienes habrían actuado como “facilitadores sociales” en los pactos entre dirigentes y paramilitares. Su papel, según Ashton, consistía en legitimar los acuerdos bajo el discurso de la estabilidad regional y la defensa del orden.
La infiltración alcanzó incluso al Gaula Militar y a la Universidad del Atlántico, instituciones que, según el testimonio, sufrieron consecuencias gravísimas de la complicidad institucional. En ambos escenarios, la presencia paramilitar se tradujo en amenazas, contratos direccionados y silencios cómplices que consolidaron el poder armado en el corazón del Caribe colombiano.
Ver: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) – Informes y decisiones
Petro respalda la verdad y estalla la tormenta política
El presidente Gustavo Petro no permaneció al margen. Respaldó públicamente la declaración de Ashton, calificándola como una “verdad popular” que el país ha conocido por años, pero que ahora debe confirmarse judicialmente. Petro aseguró que la magnitud de las revelaciones demuestra cómo el paramilitarismo no fue una simple alianza criminal, sino un sistema político paralelo que penetró las instituciones durante décadas.
En su pronunciamiento, el mandatario señaló directamente al senador Efraín Cepeda Sarabia, a quien acusó de encabezar una vendetta política contra su gobierno. Según Petro, los ataques provenientes de ciertos sectores conservadores no son más que represalias históricas por los debates que él mismo impulsó en el Congreso sobre parapolítica y paramilitarismo.
La respuesta de Cepeda no tardó. En un comunicado lleno de indignación, anunció demandas por injuria y calumnia, asegurando que Petro busca desviar la atención de los problemas nacionales con teorías conspirativas. Calificó a Ashton como un “delincuente desesperado”, utilizado —dijo— para fabricar un relato político destinado a destruir reputaciones y reescribir la historia reciente del Caribe.
Sin embargo, el respaldo presidencial reabrió un debate de fondo: si la parapolítica fue una estructura del pasado, o si sus redes de poder aún subsisten bajo nuevas formas de influencia en la administración pública.
El arrepentimiento vacío y la farsa de la reparación
Pese a sus confesiones, Ashton no logró convencer a la JEP de su compromiso restaurativo.
El informe de la Secretaría Ejecutiva reveló que sus propuestas de reparación “se rajaron penosamente”, obteniendo menos del 40% en la evaluación de viabilidad.
Entre sus ideas estaban brigadas de salud, becas y una fundación para la no repetición, pero todas fueron consideradas inconsistentes y sin financiación real.
La JEP exigió proyectos con impacto social verificable, recordando que la reparación simbólica exige algo más que palabras: requiere transformar las comunidades afectadas.
Ver: Centro Nacional de Memoria Histórica – Paramilitarismo en Colombia
Un país ante el espejo de su vergüenza
El testimonio de Álvaro Ashton desnuda una verdad que por años fue negada y silenciada: la parapolítica no fue una desviación ocasional del sistema democrático, sino el modelo de gobierno de una élite que pactó con el terror. Lo que emergió en su declaración no es solo un capítulo oscuro del pasado, sino un espejo incómodo del presente.
Durante décadas, el poder político y económico del Caribe se sostuvo sobre alianzas implícitas con estructuras paramilitares, legitimadas bajo discursos de seguridad y desarrollo. Ashton reveló lo que muchos sabían y pocos se atrevían a decir: que la violencia no fue un instrumento externo al Estado, sino una herramienta usada para conservar privilegios.
Hoy, la Justicia Especial para la Paz (JEP) enfrenta el reto de recomponer el tejido social que esa alianza destruyó. Su tarea no es solo judicial, sino moral: demostrar que la verdad no puede seguir dependiendo de la voluntad política de quienes fueron parte del sistema.
Mientras tanto, Colombia observa con indignación cómo muchos de los apellidos que alguna vez firmaron pactos con las AUC continúan presentes en la vida pública, protegidos por la inercia de un poder que se niega a morir. Las víctimas, en cambio, siguen esperando verdad, justicia y reparación, en un país donde los verdugos aún dictan las reglas del perdón.
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