Lo que el río Güengüé se llevó en abril de 2026 no fue solo una estructura de ladrillo del siglo XVIII: fue el testimonio de un sistema que supo, estudió, advirtió… y no actuó.
El detonante y la causa raíz
Las crecientes súbitas aceleran la socavación. Pero el colapso no fue el primer problema: fue el último eslabón. El puente soportó cargas de 30 toneladas, cuando su límite era 15. El río solo ejecutó una sentencia que llevaba décadas dictada.
El nudo jurídico: un candado nacional
En 2005, mediante Resolución 898, el Ministerio de Cultura declaró el Puente de Los Esclavos como Bien de Interés Cultural Nacional. Cualquier obra de defensa —gaviones, enrocados— requería autorización previa del Ministerio.
La Ley 397 exige un Plan Especial de Manejo y Protección (PEMP). Sin PEMP, el municipio no puede actuar sin exponerse a sanciones. Ese instrumento brilló por su ausencia durante veinte años.
El municipio no podía proteger el entorno sin permiso nacional; y ese permiso, pese a gestiones desde 2007, nunca llegó. Quien tenía la llave no abrió la puerta, pero tampoco dejó que otros la abrieran.
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Gestión local: lo que sí se podía hacer
La Ley 1523 de 2012 señala que el alcalde es responsable de la gestión del riesgo. Pero en un bien patrimonial nacional, no podía tocar la estructura sin autorización. Lo que sí podía —y debía— era medidas no estructurales: señalización, cierres preventivos, alertas tempranas. La prevención no depende solo de una retroexcavadora.
Responsabilidades compartidas, pero jerárquicas
Cuando un bien es patrimonio nacional, la conservación recae en el Estado central. El Ministerio de Cultura e INVIAS tenían la competencia exclusiva.
La jurisprudencia reconoce la falla del servicio por omisión: cuando la entidad conoce el riesgo y no actúa, hay responsabilidad. Veinte años de solicitudes, estudios y visitas técnicas cumplen ese presupuesto.
El municipio tiene su cuota, pero no puede cargarse el 100% de una omisión que correspondía al nivel nacional.
La realidad de los hechos
Los alcaldes de Miranda y Corinto denunciaron el riesgo, presentaron proyectos, pagaron estudios con recursos municipales, radicaron solicitudes ante el Ministerio. Hay oficios, sellos, visitas de funcionarios que vieron el deterioro y se fueron sin firmar nada.
Y el Gobierno nacional, en cada época hasta la actual, no autorizó, no giró un peso. En veinte años —gobiernos de todos los colores— ni el Ministerio ni INVIAS destinaron un recurso para proteger el puente.
Cuando dicen que “el alcalde debió poner gaviones”, la pregunta es: ¿con qué plata? ¿con qué permiso? Nunca en estos años autorizaron, porque quizás no dimensionaban la importancia de ese puente desde el escritorio, no desde el barro del Güengüé. La desidia fue nacional, no local.
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Memoria y justicia
Miranda y Corinto no perdieron solo un puente: perdieron un símbolo. El Puente de los Esclavos —también llamado Puente José María Obando— fue declarado patrimonio en 2005, bajo el alcalde Walter Zúñiga Barona. Ese acto debió ser el inicio de una política de conservación, no el epitafio.
Este caso se inscribe en un patrón regional: Puente Real del Quilcacé (2022) y Calicanto en Caloto (2025) cayeron tras años de diagnósticos archivados.
Cuando la tragedia se cocina durante dos décadas, ya no se llama accidente: se llama responsabilidad.
Lo que hay que hacer ahora: dos acciones urgentes
Primero: solicitarle formalmente la intervención al Ministerio de Cultura para la rehabilitación del puente, como entidad responsable de este Bien de Interés Cultural de Carácter Nacional, de acuerdo con la Resolución 0898 del 18 de julio de 2005.
Segundo: La Tertulia y, más aún, la Sociedad de Mejoras Públicas de Miranda deben enviar una carta a la Ministra de Cultura, informándole lo que significa esta tragedia para el municipio de Miranda y para la historia del norte del Cauca.
No más oficios sin respuesta. No más silencio burocrático. La comunidad organizada debe hablar con una sola voz.
Inclusión: las voces que el Estado también ignoró
El puente fue ruta de paso forzado para personas esclavizadas y, después, espacio de encuentro para comunidades campesinas, indígenas y afro del norte del Cauca. Su nombre —”de los Esclavos”— es una herida que el Estado nunca quiso reparar.
Lideresas del Consejo Comunitario Afro del río Güengüé, resguardos indígenas y asociaciones campesinas advirtieron en 2015, 2018 y 2022 que el puente se caía. Sus advertencias fueron recibidas con oficios y silencio. Ninguna de esas voces fue vinculada a los estudios técnicos. La omisión del Ministerio no fue solo técnica: fue también étnica.
Hoy, la comunidad nortecaucana no solo llora la pérdida patrimonial: llora la confirmación de que, para el Estado, sus territorios siguen siendo invisibles hasta que colapsan.
Lamentable pero cierto
El Puente de los Esclavos no colapsó por un aguacero. Colapsó porque un Estado que sabía no quiso. Porque un Ministerio que pudo autorizar prefirió archivar. Porque durante 20 años, la memoria de un pueblo fue menos prioritaria que el trámite.
Las aguas del Güengüé se llevaron los ladrillos. Pero no se llevarán la indignación. El norte del Cauca exige: Comisión de la Verdad para el patrimonio. Responsabilidad fiscal. Y que nunca más una comunidad tenga que ver caer su historia mientras el Estado mira hacia otro lado.
Emilcar
Emiliano Carrillo P.
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