El 6 de noviembre de 1985, el día el día que para mí comenzó con la rutina esperanzadora de un día laboral en Bogotá. Yo era coordinador en una prestigiosa editorial, y se día, tenía en el bolsillo la confirmación de dos citas que eran un pequeño triunfo: a las 11:20 en el Palacio de Justicia y a las 11:50 en la Casa de Nariño.
Las había conseguido gracias a la intervención excepcional de un primo, un oficial de alto rango que se desempeñaba al servicio del presidente Betancur. El, rompiendo su habitual discreción, me tendió un puente hacia los pasillos del poder.
Esa mañana salí antes de las 11 am para la cita con administrativo del Palacio de Justicia. El gerente quiso acompañarme, pero se tiñó de una urgencia frustrante, se retrasó nuestra salida porque en dos ocasiones justo al subirnos al carro para ir a las citas, debió el gerente atender por un minuto algo urgente en la empresa.
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La impuntualidad, ese enemigo trivial de los días comunes, que a mi me molestaba aquella mañana, se volvió una fuerza caprichosa. Recuerdo la amargura de un café tomado a prisa, mirando el reloj con desesperación: las manecillas marcaban las 11:17.
Libre el gerente de esas inconvenientes de última hora, me dijo “Tranquilo, no alcanzamos a la primera, pero sí a la segunda” y salimos para Palacio.
El retraso que me salvó la vida
Al subir al carro, Bogotá aún respiraba con normalidad. Pero a pocas cuadras del Palacio Presidencial próximos a llegar, la ciudad entera contuvo el aliento. La radio recortó la música con un parte de guerra: un comando del M19 había tomado el Palacio de Justicia. El tráfico se solidificó en una losa de concreto y metal.
No pudimos seguir, se perdieron las dos citas, pero salvamos nuestras vidas. Al día siguiente, el olor a ceniza y dolor ya se había adherido al centro de la ciudad. Fui al último piso del Banco de la República, a supervisar un puesto de exhibición, que ahora era un mirador involuntario hacia la tragedia. Mas allá de la avenida Jiménez con séptima llegar a la plaza de Bolivar, no era posible.
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Desde allí, vi desfilar la parafernalia de la guerra. Soldados tomaban posiciones en las azoteas. Entre ellos, la figura de uno se me quedó grabada a fuego: un hombre de tez oscura y estatura descomunal, que cargaba una ametralladora pesada como si fuera un juguete. Llevaba, enrollado alrededor del cuello y el torso, un collar de varias vueltas, no de oro, de plomo, eran las balas para la M60 que cargaba, ese creo erala referencia de esa arma. Era la imagen de una fuerza brutal, una alegoría de metal y pólvora que se imponía sobre la razón.
La niebla de la retoma
En los días y años que siguieron, la niebla de lo sucedido nunca se disipó del todo; solo se densificó con preguntas sin respuesta. La “retoma” se reveló, en testimonios estremecedores de magistrados, como una operación de fuego indiscriminado. Se supo que en aquellos salones ardieron, junto a vidas humanas, los expedientes de Pablo Escobar y los de la Justicia Penal Militar que contenían la memoria de los excesos castrenses se convirtieron en humo, desaparecieron consumidos por el fuego.
Quedó siempre la duda ante los hechos, a quienes les interesaba que el palacio fuera quemado, que obviamente no era al M19 que no se iba a inmolar en ese sitio, solo tomárselo como hicieron años antes con la embajada de la Republica Dominicana. Una verdad que quedó entre las cenizas por lo ocurrido después.
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Se rumoreó que el presidente Belisario Betancur, fue secuestrado en su propio silencio, mientras los generales hablaban por él. (Un supuesto golpe de estado temporal). El país, aturdido, fue distraído con un partido de fútbol de liga Europea que la ministra de comunicaciones Noemí Sanín, ordeno conectaran desde la estación terrena de Chocontá, como si el gol de un equipo lejano pudiera anular las balas que habían segado la justicia en su propio templo.
El perdón al M19 y la verdad desconocida
En 1989, el presidente Virgilio Barco concedió el indulto al M-19 basándose en la Ley 104 de 1980 (Estatuto de Seguridad), que regulaba el ejercicio de la facultad constitucional del Presidente para indultar delitos políticos. Este perdón se materializó mediante el Decreto 2047 del 28 de septiembre de 1989, el acto ejecutivo que permitió la desmovilización y reinserción del grupo.
En 1992, la magistrada Clemencia García de Useche, apodada “La Juez de Hierro”, tomó una decisión que sacudiría los cimientos de ese proceso. Su fallo, que buscaba vincular a la cúpula desmovilizada a la investigación por la toma del Palacio de Justicia, se basó en la premisa de que los indultos no cubrían delitos de lesa humanidad. Esta medida, en la práctica, anulaba los efectos del Decreto 2047 de 1989.
Y, como un acto que aún hoy desconcierta, la figura de un joven senador, Álvaro Uribe Vélez, alzando la voz en 1992 para promover el “reindulto” total. Él mismo, años después, reflexionaría con una duda que resuena en el vacío: Su proyecto se convertiría en la Ley 7 de 1992, el sello legal que consagró el silencio.
La verdad en poder de la iglesia
Belisario Betancur diría, antes de morir, que la verdad completa estaba escrita y custodiada bajo llave, por la Iglesia católica y el cardenal de la época, esperando su muerte para ser liberada. Esa muerte llegó, y la verdad no. Aquella promesa se esfumó, dejando solo el eco de un secreto que nunca nos fue devuelto.
Hoy, mi recuerdo de aquel 6 de noviembre está teñido por el peso de lo que pudo ser y no fue. No fue solo la toma de un edificio, sino el incendio de la justicia misma. No fue una retoma, sino un sacrificio.
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Y yo, que sobreviví por el azar de un retraso y un café frío, me quedo con la certeza imborrable de que el hilo que separa lo casual de lo causal es tan delgado como el filo de un recuerdo, y tan pesado como la historia de un país que vio arder su palacio de la justicia y, con él, una parte de su alma.
Y Colombia se quedó esperando esa verdad, una verdad de dos caras que nunca llegó. Del M-19, que se acogió a un indulto que borró sus culpas sin exigirle la contrición de un relato completo, una confesión final que nombrara a los muertos y explicara el porqué de tanta furia dirigida contra el templo de la ley y un ejercito condenado al que tampoco se le exigieron respuestas sobre su afán de quemar el palacio con personas adentro.
El Ejército, que tras una retoma que se convirtió en una carnicería, prefirió que el humo negro que salía de las paredes calcinadas del Palacio fuera su única declaración, ocultando para siempre la orden que convirtió la rescate en una pira funeraria donde se consumieron, juntos, rehenes, guerrilleros y los expedientes incómodos que custodiaba la justicia.
Ambos, cada cual a su manera, encontraron en el silencio y en la impunidad un cómplice más eficaz que cualquier arma, dejando a la historia nacional con una herida que, al no cerrarse con la sutura de la verdad, sigue supurando preguntas en la memoria del país.
eKarrilloP
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