Durante meses viví con Sanitas, lo que miles de usuarios del sistema de salud en Colombia padecen todos los días y en silencio: citas que aparecen en el sistema pero no se cumplen, autorizaciones que llegan tarde, transportes que nunca llegan, llamadas que prometen y correos que nunca responden.
En mi caso, adulto mayor de 67 años, discapacitado de movilidad y con múltiples patologías crónicas, ese incumplimiento no fue un simple trámite administrativo. Fue una amenaza directa a mi salud, a mi dignidad y a mi vida.
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Agoté los canales ordinarios. Solicité, insistí, expliqué. La respuesta fue siempre la misma: dilación, silencio o excusas. Cuando el sistema dejó claro que no iba a responder, acudí a la acción de tutela. No para pedir favores, sino para exigir derechos fundamentales.
El juzgado amparó mi derecho a la salud y fue claro en su orden: las citas debían programarse por telemedicina cuando fuera posible y, cuando no lo fuera, la EPS debía garantizar el transporte desde mi residencia hasta la IPS correspondiente. La orden judicial no dejaba espacio para interpretaciones.
Sanitas EPS decidió incumplir.
Las citas comenzaron a asignarse una y otra vez. Resonancias, consultas especializadas, exámenes diagnósticos críticos. Todo figuraba como programado. Pero el transporte jamás llegaba. El resultado era perverso: citas perdidas, registros que mostraban al usuario como ausente y una narrativa administrativa diseñada para trasladar la culpa al paciente.
Ante este patrón reiterado, promoví incidentes de desacato. No lo hice a ciegas. Lo hice con algo que el sistema no espera que usted tenga: pruebas.
Cada correo enviado y recibido, cada mensaje de WhatsApp, cada radicado, cada captura de pantalla.
Cada audio de llamadas en las que funcionarios prometían gestiones que nunca se materializaban.
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Mientras yo documentaba, Sanitas EPS construía su defensa sobre afirmaciones falsas. Ante el juzgado y ante la Superintendencia Nacional de Salud, se afirmó que las citas no se habían asignado porque el usuario no aportó documentación, que no atendía llamadas, que no cumplía requisitos. Una jugada sucia y criminal contra mi salud, una versión se vino abajo porque todo estaba probado.
Las citas sí habían sido asignadas. Varias veces. Lo que nunca existió fue el transporte ordenado judicialmente. La verdad no se gritó. Se demostró.
Aporté cada comunicación escrita recibida y enviada con Sanitas EPS, cada audio o llamada enviada o recibida fue grabado por mí, con lo que se desvirtuaban las falsas acusaciones en mi contra por parte de Sanitas.
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El juzgado analizó la cronología completa, contrastó pruebas y llegó a una conclusión contundente: hubo incumplimiento reiterado del fallo de tutela y sus tres incidentes de desacato, negligencia injustificada y desobediencia a la autoridad judicial. El resultado fue claro y poco frecuente en estos casos: se declaró el desacato y se impuso sanción pecuniaria a funcionarias responsables de Sanitas EPS, por además de reiterar la obligación de cumplir integralmente la orden.
Deben cancelar al sistema judicial antes de tres días, una suma total en conjunto, de cerca de $5.9 millones de pesos, que podría continuar incrementándose si se niegan a cumplir e inclusive arresto.
Ese momento marca un punto de quiebre emocional. Porque después de la rabia, del desgaste, del cansancio físico y mental, llega algo que muchos creen inexistente: la confirmación de que sí hay justicia cuando se prueba la verdad.
Pero este proceso no termina con una sanción. Mi estado de salud sigue siendo delicado. Estudios críticos como una resonancia cerebral con contraste, un Doppler venoso de cuello, radiografías de columna y la entrega de un electroencefalograma ya realizado siguen pendientes. Sigo esperando el cumplimiento real. Sigo en pie de lucha.
Es importante precisar que la sanción impuesta por el juzgado recae sobre funcionarias específicas con responsabilidad directa en el cumplimiento de la orden judicial, y no pretende generalizar ni desconocer que dentro de la EPS existen otros funcionarios y profesionales de la salud que han actuado con diligencia, respeto y vocación de servicio, pero que carecen de capacidad real de decisión. La responsabilidad institucional de Sanitas EPS, sin embargo, subsiste y no se extingue por el hecho de que existan conductas individuales correctas.
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Y escribo esto no por mí.
Escribo porque miles de usuarios están peor. Personas enfermas, solas, sin conocimientos jurídicos, convencidas de que no se puede hacer nada. Ese es el mayor triunfo del abuso administrativo: hacer creer que resistir no vale la pena.
Vale. Y mucho.
Este caso deja lecciones que pueden salvar vidas, salud, tiempo y dignidad.
Primero, nada existe si no queda por escrito. Las llamadas no prueban. Los correos sí. Siempre exija confirmaciones escritas o como en mi caso graba en tu celular todas las llamadas, gracias a eso pude demostrar que era falsa la acusación que me hacían de Sanitas, acerca de no recibir las llamadas.
Segundo, documente absolutamente todo. El sistema sabe que la mayoría no guarda pruebas. Por eso abusa. Cuando usted documenta, cambia la relación de poder.
Tercero, no tema a la tutela ni al desacato. Son mecanismos constitucionales legítimos, especialmente para adultos mayores, personas con discapacidad y pacientes crónicos.
Cuarto, no acepte que lo culpen. La narrativa de “el usuario no contestó” o “no aportó documentos” es una estrategia recurrente para encubrir incumplimientos. Una orden judicial no se negocia ni se diluye.
Quinto, haga visible su caso. El silencio protege la negligencia. La luz pública incomoda, pero también obliga, no se quede callad@, publique el abuso en redes…no es necesario que coloque su nombre, solo que el hecho sea público y lo pueda evidenciar que es verdad y no denuncia pública falsa.
Este proceso me dejó cansancio, sí. Pero también algo más fuerte: la certeza de que el abuso administrativo no es invencible. Que el derecho a la salud no se mendiga. Se exige. Y que cuando un ciudadano documenta, persiste y no se rinde, el sistema, tarde o temprano, responde.
Que este relato sirva para que otros no se callen, no se rindan y no caminen solos.
Porque cuando la verdad se prueba, incluso el poder tiene que retroceder.
Por.
eKarrilloP
Para Noticolombia y
Derecho a la Salud
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